Rama relativa a la supremacía constitucional, organización del Estado, distribución del poder, derechos fundamentales, garantías y control de constitucionalidad.
El principio de subsidiaridad señala que no se podrá declarar un estado de excepción, si las situaciones que lo motiven pueden ser superadas mediante el ejercicio de las competencias, facultades o atribuciones ordinarias conferidas a las autoridades públicas por la normativa vigente.
La “Marcha por la Vida” que se promueve hoy desde el Chapare, sospechosamente coincidente con las agrupaciones de mineros, campesinos, interculturales etc., todos de extracción masista que están haciendo desmanes en La Paz, es intolerable.
La despreocupación es el peor de todos los males hacia nuestros semejantes, esa es la esencia de la inhumanidad reinante.
El rol de los actores educativos —docentes, directivos, estudiantes y familias— es fundamental. Ellos son quienes viven diariamente las consecuencias de las decisiones gubernamentales y, al mismo tiempo, pueden contribuir a dar continuidad a los procesos educativos más allá de los cambios políticos.
Los acuerdos políticos no solo sellaron un nuevo estilo de hacer política, sino también garantizaron la gobernabilidad, la estabilidad económica y concretaron reformas estructurales para el Estado boliviano.
El bloqueo de vías, de calles de rutas camineras, es violento de por sí. No es “pacífica” como quieren hacer creer quienes la promueven. Es, además, una flagrante violación a los derechos civiles y humanos del pueblo boliviano.
El gobierno no pasa leyes, pero anuncia que las hará, e incluso ha innovado en el marketing de anuncios de anuncios: se ha especializado en anunciar que pronto anunciará nuevos anuncios. Y así podríamos seguir con situaciones que hacen que uno quiera arrancarse los pelos de la cabeza.
En otras palabras, el comunicado termina convirtiéndose en un documento de autoincriminación institucional respecto a la pérdida de control territorial, la fragilidad del monopolio estatal de la fuerza, la incapacidad de garantizar corredores humanitarios, las debilidades de gobernabilidad y el deterioro de la capacidad operativa del Estado.
El gobierno democráticamente elegido y todavía con poco tiempo de gestión, ha dejado al pueblo boliviano en una incertidumbre e indefensión.
Corresponde abrir un debate constitucional sobre los alcances de la jurisdicción militar en Bolivia y la necesidad de evitar interferencias competenciales que desnaturalicen su finalidad histórica y funcional, cuya revisión corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional.
No basta con tener metas económicas admirables si el proceso para alcanzarlas ignora la sensibilidad histórica y permite que minorías ideologizadas tomen el control de la narrativa nacional.
La controversia actual sobre la Ley N° 1720 es una oportunidad para que Bolivia comience a debatir sobre su sistema de organización política considerando que es un país intercultural y con diferentes cosmovisiones respecto a la tierra y territorio.
Durante décadas existió un pacto tácito: los políticos podían detestar a los periodistas, pero igual tenían que lidiar con ellos. Necesitaban ruedas de prensa, entrevistas, titulares, cámaras y micrófonos. Hoy esa dependencia cambió radicalmente.
Las veredas son el primer espacio de seguridad para el peatón, especialmente para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
La Ley Nº 1720 generó tensión por sus implicancias, así como por la ausencia de socialización y de consulta participativa a los agentes agrarios y ambientales.
La tendencia actual se enfoca en el minilateralismo, que agiliza las actuaciones diplomáticas y la solución de necesidades de los Estados, buscando superar las trabas burocráticas en la toma de decisiones del multilateralismo.
Queremos refundar el país mediante decretos, transformar la economía mediante leyes y resolver conflictos mediante resoluciones ministeriales. El resultado es una hipertrofia legislativa: miles de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, disposiciones administrativas, sentencias constitucionales y un universo aún mayor de normas departamentales y municipales.
Negar la presencia del crimen organizado en Bolivia es ignorar una realidad que cada vez golpea con mayor fuerza a la sociedad.
no deja la menor duda de que la esencia del contralor de la Constitución es totalmente política.
La pregunta central no es solo quién disparó, sino por qué ahora. La respuesta no está en la coyuntura inmediata, sino en un proceso acumulativo: la consolidación de economías ilícitas con capacidad territorial, financiera y coercitiva.
Los considerandos evidencian contradicciones constitucionales, que convierten a la Ley 1720 en una norma nula de principio.
En Bolivia no hay voluntad política para tratar la situación sociopolítica y económica.
El modelo se sostiene sobre cuatro pilares: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas
El debido proceso constituye uno de los pilares esenciales de cualquier sistema democrático.
Nadie se opone a la garantía laboral a favor de la trabajadora madre, la cesación de labores quebranta el ingreso y la vida familiar; empero, hay que diferenciar las situaciones y no pretender forzar una permanencia que no corresponde.