El derecho a la protesta frente al derecho a la libre circulación

La protesta, como acto vinculado a la libre expresión, reunión y asociación es un derecho en Bolivia establecido en los numerales 4 y 5 del art. 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el derecho a la huelga contenido en el art. 53 de la misma Norma Suprema. En contra partida a ello, es un derecho constitucional la libre circulación en todo el territorio nacional, salida o ingreso al país, así lo establece el propio art. 21 en su numeral 7 de nuestra Constitución; por cuanto, al momento nos encontramos frente a una colisión de derechos con la particularidad de que la instancia demandada de esos derechos es el Gobierno que es parte vital del Estado, instancia que debe garantizar el ejercicio de los derechos de todas y todos los ciudadanos bolivianos. Consecuentemente, en una situación sencilla de colisión de derechos corresponde una ponderación para priorizar su atención de lo más urgente e importante, pero para ello tiene que existir un mediador o árbitro que debe emerger del mismo estado, pero siendo el estado parte del conflicto generado, no existe siquiera esa autoridad o árbitro imparcial que pueda poner orden a esto. Lo peor es que no se trata de una situación sencilla para simplemente ponderar derechos y resolver el conflicto.

A seis meses de gestión del actual gobierno en Bolivia, los conflictos sociales con paros, bloqueos de calles, obstrucción de carreteras y marchas han cobrado altos niveles de tensión entre quienes alegan ejercer su derecho a la protesta y la población que se siente seriamente perjudicada por las medidas de presión que no solo impide la libre circulación de las personas sino principalmente la provisión de alimentos, combustibles y la atención de necesidades básicas como salud, educación, trabajo, entre otros.

El pliego actual que acuñan los manifestantes, emerge de una serie de antecedentes ampliamente no solo conocidos sino sufridos por el país como: el levantamiento de la subvención de los combustibles, el incremento de precios de la canasta familiar que el estado en sus diferentes niveles no ha sido capaz de controlar, la llamada gasolina basura que afectó a gran parte del parque automotor en Bolivia, las pugnas políticas entre del binomio gobernante por lo que el Presidente Rodrigo Paz decidió gobernar por Decretos, anulando incluso las potestades de la instancia legislativa, otros hechos pocos claros que hacen presumir graves actos de corrupción (las 32 maletas, el avión siniestrado y los billetes, caso Marset, narcotráfico), sumisión del país a potencias extranjeras, dotar privilegios al entorno gubernamental con incrementos salariares exorbitantes frente a la grave crisis que vive el país, un argumento que ha sido utilizado por el gobierno para congelar salarios de las y los trabajadores que ya sufren la recesión económica y la disminución del valor adquisitivo de su ingresos habituales.

A partir de las consideraciones señaladas, se puede advertir que el gobierno democráticamente elegido y todavía con poco tiempo de gestión; ha dejado al pueblo boliviano en una incertidumbre e indefensión, sumido en graves problemas especialmente económicos que repercuten en su calidad de vida y oportunidades para su desarrollo personal y familiar. De ahí que, las demandas y el descontento social han ido surgiendo poco a poco. Y tal como ocurrió en las últimas décadas, los gobiernos de turno en Bolivia han dejado de lado la gestión oportuna de conflictos, subestimando a la población demandante o jugando al cansancio de los manifestantes, exactamente lo que ocurre en la actualidad. Diálogos de sordos, atrincheramiento en posiciones opuestas, llamamientos a diálogos con discursos vacíos e incoherentes, cambios de pliegos de demandas impredecibles, aparición de paralelismos sindicales en los que se enfrascan las partes en conflicto. Mientras tanto, la población mayoritaria se encuentra perjudicada porque debe atender sus necesidades apremiantes pero no lo puede hacer, y no es ésta población la que debe resolver esas demandas de los manifestantes. Es más, esta población perjudicada ya sufre a diario las consecuencias de la crisis profunda que vive Bolivia, pero aún así, debe trabajar y llevar el pan del día a su familia, pagar las deudas que le afligen y cubrir sus necesidades mínimas. Y aquí surge “la pregunta del millón” ¿porque bloquea el pueblo al pueblo? ¿Porque el derecho a la protesta no se ejerce contra quienes tienen en sus manos la respuesta a las demandas planteadas?; porque es ahí donde surge la colisión de derechos, un pueblo que tiene derecho a la libre circulación frente a una parte del pueblo que bloquea ese derecho de la libre circulación. Mientras tanto, el gobierno contra quien están planteadas las demandas, en varios momentos queda como espectador, viendo cómo el pueblo flagela al propio pueblo o se auto flagela, porque los gobernantes mantienen sus comodidades, sus ingresos económicos y todos los beneficios que el pueblo mayoritario no lo tiene.

Consecuentemente corresponde a los movilizados repensar sus medidas de presión y protesta porque el pueblo no puede seguir siendo el blanco de sus demandas que pueden o no ser legítimas, están en su derecho de expresarlas pero no tienen derecho a vulnerar derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Y por supuesto que corresponde al gobierno, cumplir sus promesas electorales, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, pasar de discurso a la acción porque no se sacia el hambre del pueblo con discursos bonitos, no subestimar al pueblo ni reprimirlo, sino abrir urgente el diálogo y reconducir las acciones gubernamentales para atender las principales necesidades especialmente del pueblo mayoritario.

Bolivia no merece ser un país inviable, los privilegios de unos pocos no pueden ir en desmedro de las mayorías. Las autoridades electas tienen una delegación de poder del soberano y no una carta blanca para cambiar agendas según su mejor parecer. Urge deponer actitudes beligerantes, urge un diálogo sincero con resultados, para ello, las partes en conflicto deben estar dispuestos a ceder en sus posturas, pero sobre todo deben despojarse de sus intereses personales o de grupo, caso contrario tendrán que asumir su responsabilidad, porque el país está primero y en sus manos está terminar con el sufrimiento, el dolor, el hambre y la desesperación de un pueblo por demás sufrido.