Abrogación y el Abismo

Hace apenas unas semanas, escribe un artículo en cual advertía que la prisa legislativa detrás de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras llevaba consigo la semilla de la discordia. Hoy, esa semilla ha germinado en una crisis que amenaza la estabilidad misma de la presidencia de Rodrigo Paz. El gobierno ha dado marcha atrás, abrogando la ley en un intento de pacificar el país, pero como suele ocurrir en la política boliviana, el retroceso del Estado no siempre detiene el avance de la calle.

La abrogación oficial de la Ley 1720, anunciada por el presidente, pretendía ser un gesto de humildad y apertura al diálogo. El mandatario prometió un plazo de 60 días para construir una nueva normativa “con consensos y socialización”. Sin embargo, para un observador externo, este movimiento llega tarde y con un costo institucional altísimo. Lo que comenzó como una crítica técnica a la clasificación de tierras se ha transformado en un cuestionamiento existencial al mandato de Paz.

La paradoja es amarga. Los sectores productivos y agroindustriales de Santa Cruz, los supuestos beneficiarios de la ley, terminaron aceptando su eliminación para intentar frenar la hemorragia económica. Los bloqueos de carreteras están costando al país cerca de 60 millones de dólares diarios, afectando el suministro de alimentos, carne y oxígeno. Pero incluso con la ley muerta, los bloqueos persisten. ¿Por qué?

Es crucial hacer una distinción desde la perspectiva de afuera: este escenario no implica necesariamente un rechazo social masivo y generalizado a la administración de Paz. Por el contrario, los bloqueos actuales parecen ser impulsados por sectores específicos con motivaciones ideológicas radicales que han encontrado en la coyuntura una oportunidad para desestabilizar. Sin embargo, en las pantallas internacionales, la imagen proyectada es la de un país “en llamas” e ingobernable. Aunque los grupos que mantienen los bloqueos actúen de forma oportunista o poco sincera en su demanda original, el gobierno parece haber capitulado ante sus tácticas. Al retroceder, el Ejecutivo ha validado indirectamente esta estrategia de presión, un precedente peligroso considerando el ambicioso paquete de reformas que aún tiene en agenda.

Esta dinámica recuerda poderosamente a los estallidos sociales de 2019 en Chile, Colombia y Ecuador. En aquellos casos, una chispa aparentemente aislada —un aumento en el pasaje del metro o un decreto sobre combustibles— actuó como el catalizador de un descontento acumulado, transformando rápidamente las quejas sectoriales en demandas maximalistas. En Bolivia, la Ley 1720 fue esa chispa; lo que comenzó como un rechazo a una reforma agraria ha mutado en un movimiento que ya no se conforma con concesiones técnicas y exige ahora la renuncia del presidente.

Este es un momento de reconstrucción de instituciones que la Ley 1720 no solo no logró fortalecer, sino que debilitó. Al haber legislado inicialmente sin un debate genuino, el gobierno les entregó a sus detractores ideológicos el argumento perfecto para incendiar las rutas. Ahora, el Ejecutivo debe enfrentar no solo la redacción de una nueva ley, sino la realidad de una oposición que sabe que el bloqueo tiene el poder de doblegar la voluntad presidencial. No obstante, es muy posible que esta minoría movilizada esté sobre-jugando sus cartas; la persistencia de las medidas de fuerza tras la abrogación podría generar un rápido desgaste del apoyo público, volviendo el malestar de la ciudadanía contra los propios bloqueadores.

Si esta es la ilustración de cómo se tratarán las próximas reformas de minería o hidrocarburos, el panorama es sombrío. No basta con tener metas económicas admirables si el proceso para alcanzarlas ignora la sensibilidad histórica y permite que minorías ideologizadas tomen el control de la narrativa nacional. El gobierno de Paz tiene ahora 60 días para proponer un nuevo marco legal, pero su reto más urgente es demostrar que no es rehén de las tácticas de presión que él mismo alimentó al evitar el consenso inicial.