Recursos sobre supremacía constitucional, organización del poder público, derechos fundamentales, garantías, control de constitucionalidad y límites jurídicos al ejercicio del poder estatal.
El principio de subsidiaridad señala que no se podrá declarar un estado de excepción, si las situaciones que lo motiven pueden ser superadas mediante el ejercicio de las competencias, facultades o atribuciones ordinarias conferidas a las autoridades públicas por la normativa vigente.
Las autoridades del Estado deben ser cuidadosas con el manejo financiero, lo cual no existe en el gobierno de Paz al decidir que para los mineros cooperativistas habrá diésel subvencionado a Bs 3,72 el litro, lo cual no ayuda para bajar el déficit fiscal.
Los bloqueos de carreteras, interrumpen el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos básicos. Eso genera escasez temporal y subidas de precios en mercados, golpeando más fuerte a familias de bajos ingresos.
Lo que existe en Bolivia son dos sistemas económicos y, por tanto, sociales y culturales muy distintos, que se enfrentan en ambas regiones. Por eso las llamo las dos Bolivias.
Bolivia posee recursos naturales importantes, ubicación estratégica y enorme potencial productivo. Pero los recursos, por sí solos, no generan prosperidad. Los países avanzan cuando construyen confianza, reglas claras y estabilidad.
Todos negocian, quizá incluso acuerdan, pero nadie está convencido realmente de que el Ejecutivo pueda implementar los acuerdos.
El bloqueo de vías, de calles de rutas camineras, es violento de por sí. No es “pacífica” como quieren hacer creer quienes la promueven. Es, además, una flagrante violación a los derechos civiles y humanos del pueblo boliviano.
El gobierno no pasa leyes, pero anuncia que las hará, e incluso ha innovado en el marketing de anuncios de anuncios: se ha especializado en anunciar que pronto anunciará nuevos anuncios. Y así podríamos seguir con situaciones que hacen que uno quiera arrancarse los pelos de la cabeza.
El gobierno democráticamente elegido y todavía con poco tiempo de gestión, ha dejado al pueblo boliviano en una incertidumbre e indefensión.
Corresponde abrir un debate constitucional sobre los alcances de la jurisdicción militar en Bolivia y la necesidad de evitar interferencias competenciales que desnaturalicen su finalidad histórica y funcional, cuya revisión corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional.
La controversia actual sobre la Ley N° 1720 es una oportunidad para que Bolivia comience a debatir sobre su sistema de organización política considerando que es un país intercultural y con diferentes cosmovisiones respecto a la tierra y territorio.
La tendencia actual se enfoca en el minilateralismo, que agiliza las actuaciones diplomáticas y la solución de necesidades de los Estados, buscando superar las trabas burocráticas en la toma de decisiones del multilateralismo.
Queremos refundar el país mediante decretos, transformar la economía mediante leyes y resolver conflictos mediante resoluciones ministeriales. El resultado es una hipertrofia legislativa: miles de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, disposiciones administrativas, sentencias constitucionales y un universo aún mayor de normas departamentales y municipales.
Negar la presencia del crimen organizado en Bolivia es ignorar una realidad que cada vez golpea con mayor fuerza a la sociedad.
no deja la menor duda de que la esencia del contralor de la Constitución es totalmente política.
Los considerandos evidencian contradicciones constitucionales, que convierten a la Ley 1720 en una norma nula de principio.
Irrumpieron en el Poder Judicial, convirtiéndolo en una suerte de organismo paraestatal, con fiscales y jueces que desempeñan el oficio de sicarios.