Recurso correspondiente al Estado Plurinacional de Bolivia, su ordenamiento jurídico, instituciones, territorio o autoridades públicas.
El principio de subsidiaridad señala que no se podrá declarar un estado de excepción, si las situaciones que lo motiven pueden ser superadas mediante el ejercicio de las competencias, facultades o atribuciones ordinarias conferidas a las autoridades públicas por la normativa vigente.
La “Marcha por la Vida” que se promueve hoy desde el Chapare, sospechosamente coincidente con las agrupaciones de mineros, campesinos, interculturales etc., todos de extracción masista que están haciendo desmanes en La Paz, es intolerable.
La inestabilidad también tiene efectos menos visibles, pero igual de peligrosos. Informes citados por YPFB advierten que alrededor de 1.200 cisternas con combustible han quedado detenidas, poniendo en riesgo el abastecimiento de diésel y gasolina. Se reportan, además, retrasos en la llegada de medicamentos, oxígeno medicinal y alimentos. Cuando la logística se paraliza, no solo sufre la economía: también lo hacen la salud y la seguridad de la población.
Las autoridades del Estado deben ser cuidadosas con el manejo financiero, lo cual no existe en el gobierno de Paz al decidir que para los mineros cooperativistas habrá diésel subvencionado a Bs 3,72 el litro, lo cual no ayuda para bajar el déficit fiscal.
Los bloqueos de carreteras, interrumpen el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos básicos. Eso genera escasez temporal y subidas de precios en mercados, golpeando más fuerte a familias de bajos ingresos.
Lo que existe en Bolivia son dos sistemas económicos y, por tanto, sociales y culturales muy distintos, que se enfrentan en ambas regiones. Por eso las llamo las dos Bolivias.
Bolivia posee recursos naturales importantes, ubicación estratégica y enorme potencial productivo. Pero los recursos, por sí solos, no generan prosperidad. Los países avanzan cuando construyen confianza, reglas claras y estabilidad.
El rol de los actores educativos —docentes, directivos, estudiantes y familias— es fundamental. Ellos son quienes viven diariamente las consecuencias de las decisiones gubernamentales y, al mismo tiempo, pueden contribuir a dar continuidad a los procesos educativos más allá de los cambios políticos.
Los acuerdos políticos no solo sellaron un nuevo estilo de hacer política, sino también garantizaron la gobernabilidad, la estabilidad económica y concretaron reformas estructurales para el Estado boliviano.
Todos negocian, quizá incluso acuerdan, pero nadie está convencido realmente de que el Ejecutivo pueda implementar los acuerdos.
El bloqueo de vías, de calles de rutas camineras, es violento de por sí. No es “pacífica” como quieren hacer creer quienes la promueven. Es, además, una flagrante violación a los derechos civiles y humanos del pueblo boliviano.
El gobierno no pasa leyes, pero anuncia que las hará, e incluso ha innovado en el marketing de anuncios de anuncios: se ha especializado en anunciar que pronto anunciará nuevos anuncios. Y así podríamos seguir con situaciones que hacen que uno quiera arrancarse los pelos de la cabeza.
En otras palabras, el comunicado termina convirtiéndose en un documento de autoincriminación institucional respecto a la pérdida de control territorial, la fragilidad del monopolio estatal de la fuerza, la incapacidad de garantizar corredores humanitarios, las debilidades de gobernabilidad y el deterioro de la capacidad operativa del Estado.
El gobierno democráticamente elegido y todavía con poco tiempo de gestión, ha dejado al pueblo boliviano en una incertidumbre e indefensión.
Corresponde abrir un debate constitucional sobre los alcances de la jurisdicción militar en Bolivia y la necesidad de evitar interferencias competenciales que desnaturalicen su finalidad histórica y funcional, cuya revisión corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional.
La necesidad de nuevos descubrimientos responde también al contexto de declinación que atraviesa el sector hidrocarburífero boliviano. Bolivia alcanzó su máxima producción de gas natural en 2014, con cerca de 59 millones de metros cúbicos diarios. Desde entonces, la producción ha disminuido de manera sostenida hasta ubicarse alrededor de 27 millones de metros cúbicos diarios en años recientes.
No basta con tener metas económicas admirables si el proceso para alcanzarlas ignora la sensibilidad histórica y permite que minorías ideologizadas tomen el control de la narrativa nacional.
La controversia actual sobre la Ley N° 1720 es una oportunidad para que Bolivia comience a debatir sobre su sistema de organización política considerando que es un país intercultural y con diferentes cosmovisiones respecto a la tierra y territorio.
Durante décadas existió un pacto tácito: los políticos podían detestar a los periodistas, pero igual tenían que lidiar con ellos. Necesitaban ruedas de prensa, entrevistas, titulares, cámaras y micrófonos. Hoy esa dependencia cambió radicalmente.
Si el sistema ha evolucionado, ¿por qué las sanciones y procedimientos siguen anclados en una lógica del pasado?
Las veredas son el primer espacio de seguridad para el peatón, especialmente para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
La Ley Nº 1720 generó tensión por sus implicancias, así como por la ausencia de socialización y de consulta participativa a los agentes agrarios y ambientales.
La simplificación administrativa elimina obstáculos visibles; la mejora regulatoria corrige la arquitectura que los produce.
La tendencia actual se enfoca en el minilateralismo, que agiliza las actuaciones diplomáticas y la solución de necesidades de los Estados, buscando superar las trabas burocráticas en la toma de decisiones del multilateralismo.
Queremos refundar el país mediante decretos, transformar la economía mediante leyes y resolver conflictos mediante resoluciones ministeriales. El resultado es una hipertrofia legislativa: miles de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, disposiciones administrativas, sentencias constitucionales y un universo aún mayor de normas departamentales y municipales.