Urge investigar y procesar a los autores intelectuales y materiales de los bloqueos sindicales

Inicialmente algunos sectores del campesinado sindicalizado, tenían demandas específicas como la abrogación de la Ley 1720 y en su rechazo han impuesto bloqueos en diferentes carreteras, principalmente las vías que conectan con la sede de gobierno. Pese a la abrogación y promulgación de la referida ley, han pasado a la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Lamentablemente, en nuestro país se han ido imponiendo bloqueos por cualquier cosa y en cualquier lugar, como una medida de presión política o social, pero cuando se prolongan o se usan de forma indiscriminada terminan afectando directamente a la población, provocando desabastecimiento y encarecimiento de productos de primera necesidad, afectación al derecho al trabajo, riesgos para la salud, perjuicio a la educación, daño económico general, entre otros.

Los bloqueos de carreteras, interrumpen el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos básicos. Eso genera escasez temporal y subidas de precios en mercados, golpeando más fuerte a familias de bajos ingresos. También afecta al derecho al trabajo de miles de personas que viven del ingreso diario, como es el caso de comerciantes, transportistas, albañiles, trabajadores informales, que al estar impedidos de movilizarse o recibir mercadería, simplemente no generan ingresos ese día.

Los bloqueos, como en el reciente caso, han impedido el traslado en ambulancia de un paciente recién nacido desde Oruro hasta la ciudad de La Paz. Además, impiden el traslado de medicamentos o insumos hospitalarios. En estas circunstancias dramáticas, muchas personas que requieren atención médica, quedan impedidas de recibir atención oportuna. En situaciones de emergencia, unas pocas horas pueden ser críticas e incluso los pacientes pueden llegar a fallecer, tal como ya han ocurrido, primero con la muerte de una ciudadana extranjera que fue víctima fatal por el sector de Desaguadero, donde grupos agresivos de bloqueadores no permitieron su paso para recibir atención médica oportuna. Lo propio ha pasado con una segunda víctima en la ruta de Caranavi, con otro paciente de provenía de una comunidad de Guanay y, como si fuera poco, ya se conoce de un tercer fallecimiento en El Alto, esta vez de un joven de 20 años. Además de un niño herido gravemente por explosión de un detonante lanzado a su domicilio.

También se conoce que existirían otros seis pacientes que son impedidos de acceder a atención médica especializada por los bloqueos. Desde Viacha, otra persona que requiere atención médica de urgencia, no puede ser trasladado hasta la ciudad de La Paz por los bloqueos.

Asimismo, en el ámbito educativo, estudiantes y docentes quedan imposibilitados de asistir a clases, rendir exámenes o trasladarse entre ciudades, tal como ocurre, cuando no existen posibilidades de transporte entre La Paz, Viacha, Mecapaca, Pucarani o Laja.

Por otra parte, el daño económico es general, provocando millonarias pérdidas para productores, exportadores, pequeñas empresas y servicios, que luego repercuten en menor empleo, menor inversión y más inestabilidad económica.

Por otra parte, es importante remarcar cómo estos nefastos bloqueadores actúan con total impunidad, vulnerando el derecho a la libre circulación para los ciudadanos, a la economía y el ejercicio del comercio. Estos bloqueadores destruyen los vehículos, agreden y atacan a la población con chicotazos y a la propia policía, a tal grado que con un cachorro de dinamita han destrozado el casco de un policía, causándole gravísimas heridas en anteriores conflictos, o la muerte de oficiales de Policía en Norte Potosí, anteriormente.

Los bloqueos perjudican y causan pérdidas millonarias a los productores de diversos rubros, quitan el derecho a comer de la población, de circular libremente, etc.

El dinamitar carreteras o clavar metales puntiagudos, cavar zanjas, pone en alto riesgo a los transportistas y a la sociedad.

Bloquear no es un derecho humano, es terrorismo, es un acto delictivo que viola el Art.21, numeral 7 y los artículos 46 y 47 de la Constitución. Aunque, el derecho a la protesta existe en democracia, pero no es absoluto. Cuando se bloquea derechos de terceros como el libre tránsito, salud, abastecimiento, trabajo, etc., que terminan castigando a la ciudadanía, estas medidas se constituyen en actos criminales al generar muchos perjuicios al país, generando millones de pérdidas a los productores, sobre todo, al afectar a los más pobres.

Por otro lado, se conoce por denuncias de los propios campesinos que, para bloquear, la gente es obligada y extorsionada por los dirigentes con fuertes multas y otras amenazas.

Ya a dos semanas de los bloqueos, en el recorrido por los mercados de la ciudad de La Paz, El Alto y Viacha, se puede constatar el desabastecimiento de productos alimentarios al no llegar los productos agropecuarios a las ciudades, como la carne vacuna y pollo, así como otros productos de primera necesidad. Además, los precios de todos estos productos han sufrido un alza considerable por la carestía y la especulación.

La dirigencia del sector de transporte, ha señalado que son más de cuatro mil vehículos bloqueados, que quedan sometidos a una serie de tormentos en las carreteras, sufriendo hambre, frio… También son otros miles de pasajeros que quedan atrapados en las carreteras, aunque por intervención policial momentáneamente fueron habilitadas algunas vías principales.

Las pérdidas son cuantiosas para los diferentes sectores como los transportistas, los productores agropecuarios, cuando las frutas, las verduras y carne se van malogrando.

Por otro lado, el gobierno tampoco asume su obligación constitucional de brindar seguridad a la ciudadanía y garantizar el derecho de tránsito por todo el territorio nacional al no desbloquear con la policía y las FF AA, si es que el caso amerita de forma oportuna.

En cuanto a la marcha pacífica de los pueblos indígenas por la abrogación de la Ley 1720, en ningún momento protagonización acciones violentas, mientras que los grupos de bloqueadores que son parte de una estructura sindical ajena a su identidad, como parte de la Federación Tupaj Katari de La Paz y la CSUTCB, son quienes van protagonizando bloqueos que ocasionan muertes de pacientes críticos, desabastecimiento, etc. Esa es la diferencia entre los sindicatos campesinos violentos con la de los pueblos indígenas.

Por todas estas acciones, los responsables que actúan con toda saña e impunidad en contra de la población, al privarle de la libertad de tránsito, al privar a las poblaciones urbanas de productos alimentarios, atentando en contra de su magra economía con la provocación de alza de precios, al privarles el acceso a la salud y, sobre todo, al provocar millonarias pérdidas a los productores agropecuarios, es necesario que la Fiscalía de oficio investigue y procese a los autores de los recientes bloqueos o se apruebe y promulgue de inmediato una ley, cuyo proyecto se encuentra en una de las instancias de la ALP, para que los autores de estas nefastas medidas de cerrar las carreteras, deban pagar con sus bienes por todas las pérdidas y perjuicios ocasionados, aunque por fin el principal representante del Ministerio Público anunciara acciones en contra de los bloqueadores.