Un error protocolar durante la Parada Militar en Sucre generó molestia en Damián Condori, luego de que se mencionara a otra autoridad en su lugar. Como protesta ante lo que consideró un menosprecio a la voluntad popular, decidió retirarse del acto.
La viñeta de Abecor presenta una crítica satírica sobre la coyuntura política y económica. A través del humor gráfico, se evidencian las contradicciones entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de la población.
César Navarro realiza una reflexión crítica sobre la crisis política de 2019 y reconoce errores en la conducción del proceso de cambio. A la vez, sostiene su postura de que existió un golpe de Estado y una intervención internacional en los acontecimientos.
La publicación aborda nuevos documentos desclasificados que revelan acuerdos internacionales previamente desconocidos. Estos hallazgos permiten replantear el análisis sobre decisiones económicas y políticas adoptadas en gestiones pasadas.
El artículo examina las diferencias políticas y discursivas dentro del oficialismo, particularmente entre Arce y Choquehuanca. Se plantea que existen tensiones internas en torno a la relación con el partido y las bases sociales.
Ciudadanos denunciaron un envenenamiento masivo de palomas en la plaza 14 de Septiembre. Autoridades activaron operativos para identificar a los responsables y determinar el origen de las sustancias utilizadas.
El sector textil de Tarija denuncia la venta masiva de ropa de contrabando en la ex terminal, lo que genera una competencia desleal. Exigen controles más estrictos para evitar la afectación a la producción local.
Autoridades paraguayas desarticularon una red de narcotráfico liderada por dos bolivianas. La operación reveló el uso de instalaciones militares para acopio de precursores químicos destinados a laboratorios en Bolivia.
Especialistas cuestionan la viabilidad de la impugnación presentada por el TSE, señalando que podría tratarse más de una estrategia política que de una acción jurídica efectiva.
El principio de subsidiaridad señala que no se podrá declarar un estado de excepción, si las situaciones que lo motiven pueden ser superadas mediante el ejercicio de las competencias, facultades o atribuciones ordinarias conferidas a las autoridades públicas por la normativa vigente.
La “Marcha por la Vida” que se promueve hoy desde el Chapare, sospechosamente coincidente con las agrupaciones de mineros, campesinos, interculturales etc., todos de extracción masista que están haciendo desmanes en La Paz, es intolerable.
La despreocupación es el peor de todos los males hacia nuestros semejantes, esa es la esencia de la inhumanidad reinante.
La inestabilidad también tiene efectos menos visibles, pero igual de peligrosos. Informes citados por YPFB advierten que alrededor de 1.200 cisternas con combustible han quedado detenidas, poniendo en riesgo el abastecimiento de diésel y gasolina. Se reportan, además, retrasos en la llegada de medicamentos, oxígeno medicinal y alimentos. Cuando la logística se paraliza, no solo sufre la economía: también lo hacen la salud y la seguridad de la población.
Las autoridades del Estado deben ser cuidadosas con el manejo financiero, lo cual no existe en el gobierno de Paz al decidir que para los mineros cooperativistas habrá diésel subvencionado a Bs 3,72 el litro, lo cual no ayuda para bajar el déficit fiscal.
Los bloqueos de carreteras, interrumpen el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos básicos. Eso genera escasez temporal y subidas de precios en mercados, golpeando más fuerte a familias de bajos ingresos.
Lo que existe en Bolivia son dos sistemas económicos y, por tanto, sociales y culturales muy distintos, que se enfrentan en ambas regiones. Por eso las llamo las dos Bolivias.
Bolivia posee recursos naturales importantes, ubicación estratégica y enorme potencial productivo. Pero los recursos, por sí solos, no generan prosperidad. Los países avanzan cuando construyen confianza, reglas claras y estabilidad.
El rol de los actores educativos —docentes, directivos, estudiantes y familias— es fundamental. Ellos son quienes viven diariamente las consecuencias de las decisiones gubernamentales y, al mismo tiempo, pueden contribuir a dar continuidad a los procesos educativos más allá de los cambios políticos.
Los acuerdos políticos no solo sellaron un nuevo estilo de hacer política, sino también garantizaron la gobernabilidad, la estabilidad económica y concretaron reformas estructurales para el Estado boliviano.
Todos negocian, quizá incluso acuerdan, pero nadie está convencido realmente de que el Ejecutivo pueda implementar los acuerdos.
El bloqueo de vías, de calles de rutas camineras, es violento de por sí. No es “pacífica” como quieren hacer creer quienes la promueven. Es, además, una flagrante violación a los derechos civiles y humanos del pueblo boliviano.
El gobierno no pasa leyes, pero anuncia que las hará, e incluso ha innovado en el marketing de anuncios de anuncios: se ha especializado en anunciar que pronto anunciará nuevos anuncios. Y así podríamos seguir con situaciones que hacen que uno quiera arrancarse los pelos de la cabeza.
En otras palabras, el comunicado termina convirtiéndose en un documento de autoincriminación institucional respecto a la pérdida de control territorial, la fragilidad del monopolio estatal de la fuerza, la incapacidad de garantizar corredores humanitarios, las debilidades de gobernabilidad y el deterioro de la capacidad operativa del Estado.
El gobierno democráticamente elegido y todavía con poco tiempo de gestión, ha dejado al pueblo boliviano en una incertidumbre e indefensión.
Corresponde abrir un debate constitucional sobre los alcances de la jurisdicción militar en Bolivia y la necesidad de evitar interferencias competenciales que desnaturalicen su finalidad histórica y funcional, cuya revisión corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional.