La “Marcha por la Vida” que se promueve hoy desde el Chapare, sospechosamente coincidente con las agrupaciones de mineros, campesinos, interculturales etc., todos de extracción masista que están haciendo desmanes en La Paz, es intolerable.
La inestabilidad también tiene efectos menos visibles, pero igual de peligrosos. Informes citados por YPFB advierten que alrededor de 1.200 cisternas con combustible han quedado detenidas, poniendo en riesgo el abastecimiento de diésel y gasolina. Se reportan, además, retrasos en la llegada de medicamentos, oxígeno medicinal y alimentos. Cuando la logística se paraliza, no solo sufre la economía: también lo hacen la salud y la seguridad de la población.
Las autoridades del Estado deben ser cuidadosas con el manejo financiero, lo cual no existe en el gobierno de Paz al decidir que para los mineros cooperativistas habrá diésel subvencionado a Bs 3,72 el litro, lo cual no ayuda para bajar el déficit fiscal.
Los bloqueos de carreteras, interrumpen el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos básicos. Eso genera escasez temporal y subidas de precios en mercados, golpeando más fuerte a familias de bajos ingresos.
Lo que existe en Bolivia son dos sistemas económicos y, por tanto, sociales y culturales muy distintos, que se enfrentan en ambas regiones. Por eso las llamo las dos Bolivias.
Bolivia posee recursos naturales importantes, ubicación estratégica y enorme potencial productivo. Pero los recursos, por sí solos, no generan prosperidad. Los países avanzan cuando construyen confianza, reglas claras y estabilidad.
El rol de los actores educativos —docentes, directivos, estudiantes y familias— es fundamental. Ellos son quienes viven diariamente las consecuencias de las decisiones gubernamentales y, al mismo tiempo, pueden contribuir a dar continuidad a los procesos educativos más allá de los cambios políticos.
Los acuerdos políticos no solo sellaron un nuevo estilo de hacer política, sino también garantizaron la gobernabilidad, la estabilidad económica y concretaron reformas estructurales para el Estado boliviano.
Todos negocian, quizá incluso acuerdan, pero nadie está convencido realmente de que el Ejecutivo pueda implementar los acuerdos.
El bloqueo de vías, de calles de rutas camineras, es violento de por sí. No es “pacífica” como quieren hacer creer quienes la promueven. Es, además, una flagrante violación a los derechos civiles y humanos del pueblo boliviano.
El gobierno no pasa leyes, pero anuncia que las hará, e incluso ha innovado en el marketing de anuncios de anuncios: se ha especializado en anunciar que pronto anunciará nuevos anuncios. Y así podríamos seguir con situaciones que hacen que uno quiera arrancarse los pelos de la cabeza.
En otras palabras, el comunicado termina convirtiéndose en un documento de autoincriminación institucional respecto a la pérdida de control territorial, la fragilidad del monopolio estatal de la fuerza, la incapacidad de garantizar corredores humanitarios, las debilidades de gobernabilidad y el deterioro de la capacidad operativa del Estado.
No basta con tener metas económicas admirables si el proceso para alcanzarlas ignora la sensibilidad histórica y permite que minorías ideologizadas tomen el control de la narrativa nacional.
Durante décadas existió un pacto tácito: los políticos podían detestar a los periodistas, pero igual tenían que lidiar con ellos. Necesitaban ruedas de prensa, entrevistas, titulares, cámaras y micrófonos. Hoy esa dependencia cambió radicalmente.
El modelo se sostiene sobre cuatro pilares: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas