Queremos refundar el país mediante decretos, transformar la economía mediante leyes y resolver conflictos mediante resoluciones ministeriales. El resultado es una hipertrofia legislativa: miles de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, disposiciones administrativas, sentencias constitucionales y un universo aún mayor de normas departamentales y municipales.
Negar la presencia del crimen organizado en Bolivia es ignorar una realidad que cada vez golpea con mayor fuerza a la sociedad.
no deja la menor duda de que la esencia del contralor de la Constitución es totalmente política.
La pregunta central no es solo quién disparó, sino por qué ahora. La respuesta no está en la coyuntura inmediata, sino en un proceso acumulativo: la consolidación de economías ilícitas con capacidad territorial, financiera y coercitiva.
Los considerandos evidencian contradicciones constitucionales, que convierten a la Ley 1720 en una norma nula de principio.
En Bolivia no hay voluntad política para tratar la situación sociopolítica y económica.
El modelo se sostiene sobre cuatro pilares: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas
El debido proceso constituye uno de los pilares esenciales de cualquier sistema democrático.
Generalmente los procesos arbitrales son ganados por las corporaciones multinacionales y los países fuertes, y ganan también los árbitros y los equipos de abogados.
Nadie se opone a la garantía laboral a favor de la trabajadora madre, la cesación de labores quebranta el ingreso y la vida familiar; empero, hay que diferenciar las situaciones y no pretender forzar una permanencia que no corresponde.
Si bien el problema del transporte público es de escala nacional, este parece alcanzar grados mucho más graves y preocupantes en la ciudad de La Paz.
Cualquier Estado debe evitar que una norma pensada para el desarrollo termine profundizando la desigualdad, cuando la promesa del crédito podría transformarse en una amenaza para miles de familias.
Funciona como un “perdonazo” parcial, cuyo objetivo principal es recuperar recursos que el Estado difícilmente cobraría en condiciones normales.
Bolivia ha estado involucrada en 28 arbitrajes internacionales en años recientes. El balance es contundente: apenas 2 casos ganados frente a 26 con laudos adversos.
Irrumpieron en el Poder Judicial, convirtiéndolo en una suerte de organismo paraestatal, con fiscales y jueces que desempeñan el oficio de sicarios.